Opinión.-
Diario Barahona.
La reciente solicitud de los fiscales al presidente Luis Abinader para que no se toque el Ministerio Público en sus planes de reforma plantea una preocupación legítima sobre la independencia del poder judicial, pero también genera interrogantes sobre las verdaderas intenciones de estos funcionarios. Al pedir que el Ministerio Público se mantenga al margen de cualquier supervisión externa, los fiscales parecen querer asegurar una autonomía total que podría interpretarse como un intento de evitar el monitoreo y la rendición de cuentas.
Es fundamental recordar que la independencia de una institución no debe ser sinónimo de ausencia de control. La transparencia y la supervisión son pilares esenciales en cualquier sistema de justicia para prevenir abusos de poder y garantizar que las decisiones se tomen en base a la justicia y la equidad. La autonomía del Ministerio Público debe garantizarse, pero no a expensas de permitir que sus actuaciones se desarrollen en la sombra sin ningún tipo de supervisión.
El hecho de que los fiscales pidan una reforma que les permita operar sin ningún tipo de monitoreo externo podría levantar sospechas sobre su motivación. ¿Es posible que esta demanda de independencia total sea una estrategia para evitar el escrutinio y asegurar un espacio donde sus decisiones no puedan ser cuestionadas? Esta solicitud requiere una reflexión cuidadosa sobre la necesidad de equilibrar la independencia con mecanismos efectivos de control que aseguren la transparencia y la responsabilidad en la administración de justicia.
En conclusión, mientras el presidente Abinader y su administración contemplan la reforma del Ministerio Público, es crucial asegurar que cualquier cambio fortalezca la justicia y la rendición de cuentas, sin comprometer la independencia esencial para una administración judicial imparcial. La transparencia y el control no deben ser vistos como amenazas, sino como garantías para una justicia verdaderamente equitativa.
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