La directora del Nuevo Modelo Penitenciario, Hilda Patricia Lagombra Polanco, confesó que en el tiempo que lleva en el cargo, las veces que ha visitado La Victoria veía las cámaras y no hubo nada que le llamara la atención hasta que por medio de una requisa militar se determinara que no era la seguridad del penal que manejaba estos artefactos sino los presos.
“Estaban ubicadas estratégicamente en puntos sensibles de seguridad, desde la entrada, la parte de registro, de las áreas administrativas, del patio, o sea, fueron bien instaladas”, indicó.
“Yo tengo en el cargo cierto tiempo y siempre veía esas cámaras y la seguridad también tenía control de revisar cámaras, con esa requisa determinamos que quienes tenían control de las cámaras eran los privados de libertad”, manifestó durante una entrevista que le concedió los periodistas Huchi Lora y Edith Febles en el programa El Día.
Las cámaras de vigilancia instaladas eran operadas y controladas por un interno en un área de control que tenía dentro del penal. Se trata de un experto en tecnología de 32 años de quien hasta el momento las autoridades no han revelado su nombre y por cuales delitos permanecía privado de libertad.
Resta por parte del Ministerio Público establecer las responsabilidades que pudiera tener la dotación policial y las autoridades de la controvertida cárcel en la entrada y permisión de ilícitos, señaló Lagombra.
Intervención
Las autoridades penitenciarias desmantelaron los equipos tecnológicos instalados en un espacio físico que operaba como un centro de retransmisión de señal de internet que permitía tener wifi a todos los privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de La Victoria e incluso a los residentes de la comunidad.
El desmantelamiento de los equipos se produjo durante la requisa llevada a cabo el lunes en el recinto por tropas del Ministerio de Defensa en una intervención militar solicitada al Ministerio de Defensa por la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, la cual fue dirigida por el general de brigada del Ejército Ángel Alfredo Camacho Ubiera.
El servicio de internet comercializado, vía wifi, en forma ilegal por privados de libertad dentro y fuera de La Victoria era incluso alimentado por una línea de fibra óptica extendida por sus propios medios y tomado desde un punto ubicado en Sabana Perdida.
Los autoridades penitenciarias ocuparon además un servidor, un repetidor de wifi, 96 routers, 89 cámaras de vigilancia instaladas, mismas que eran operadas y controladas por un interno, 29 switches de cámaras, informó Roberto Hernández Basilio, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), al presentar un informe detallado del operativo a la magistrada Germán Brito.
Hernández Basilio e Hilda Patricia Lagombra Polanco, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación, explicaron a la procuradora que, además, fueron incautados 508 teléfonos móviles, 107 cargadores, 96 auriculares, una laptop, dos tabletas, 9 reproductores de DVD, 35 playstation, 10 controles de distintos aparatos, 8 inversores y 173 bocinas.
La operación de las unidades militares, de distintos cuerpos armados del Ministerio de Defensa, así como de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), permitió ocupar 312 objetos cortopunzantes tanto de origen industrial como de fabricación artesanal.
Las autoridades ocuparon 496.003 cigarrillos de una marca conocida (los cuales, además, son introducidos al país de contrabando por la frontera terrestre), dos uniformes de policía, una chamarra militar, 17 relojes, un teléfono fijo, 40 abejones para recortar, una calculadora y 720 abanicos que serán reinstalados atendiendo a una necesidad climática.
En la requisa se ocuparon 514 porciones de un vegetal verde, que se presume es marihuana, con un peso aproximado de 2,875.2 gramos y 6 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 234 gramos.
Las autoridades incautaron 71 neveras de distintos tamaños, la mayor parte tipo ejecutiva, 11 microondas, 35 licuadoras, 24 tostadoras, 7 estufas eléctricas, 3 hornos de mesa y 4 balanzas. Hernández Basilio explicó que todos los electrodomésticos serán entregados a los familiares de los privados de libertad debido a que su uso en el recinto implica privilegios.
La Victoria aloja a 7,582 privados de libertad, lo que representa un tercio de la población penitenciaria total del país, que asciende a 27,146 personas.
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